LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

La Ley de Segunda Oportunidad permite que cualquier particular, persona física o jurídica (empresario) que está endeudada por diversas causas pueda mirar al futuro con optimismo y recomenzar su actividad liberada del lastre anterior.

El proceso se divide en tres fases:

FASE 1: Acuerdo extrajudicial de pagos.

FASE 2: Concurso Consecutivo.

FASE 3: Exoneración de Pasivos Insatisfechos (2ª Oportunidad).

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La Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor tras su aprobación en 2015 y su publicación en el BOE, de modo que queda regulada por la Ley 25/2015, de 28 de julio.

Esta ley modifica la conocida como Ley Concursal, "adaptando" los procesos concursales tradicionalmente ligados a empresas en bancarrota para su aplicación con personas físicas, tanto particulares como autónomos. Esto implica que, con ella, las personas físicas pueden suspender pagos y declararse "en quiebra", solo que una empresa, tras la liquidación, desaparecería, mientras que en este caso la persona física se mantiene y sin deudas, o con una reducción de las mismas.

Sí es cierto que se exigen determinados requisitos para llevarla a cabo, como, por ejemplo, haber actuado de buena fe.

Desde su aprobación, en España no se le ha dado suficiente importancia a esta ley, de modo que muchas personas que sufren un sobreendeudamiento no lo aprovechan por desconocimiento. Otros motivos que frenan el inicio del proceso son la desconfianza o las restricciones que supone.

¿Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad?

El proceso de la Ley de Segunda Oportunidad tiene dos partes:

  • La primera se llama Acuerdo Extrajudicial de pagos y hace referencia al intento de llegar a un acuerdo con los acreedores.
  • La segunda es la vía judicial, en caso de que la extrajudicial no haya tenido éxito. Entonces, se presenta una demanda y el juzgado declara al deudor en concurso de acreedores.

En el Acuerdo Extrajudicial de pagos los pasos son los siguientes:

  • Iniciar el expediente ante Notario si es persona física no empresario: se completa un formulario de solicitud extrajudicial de pagos, aportando la documentación necesaria. Algunos datos son la lista de acreedores, los ingresos y gastos mensuales previstos, los bienes y derechos, etc.
  • El Notario correspondiente debe nombrar un mediador concursal en lista oficial (que, en caso de derivar a vía judicial, actuará como administración concursal) para que compruebe los datos y mande la propuesta de acuerdo extrajudicial para que la envíe a los acreedores.
  • El mediador convoca a los acreedores en una reunión con el deudor (suele tardar unos dos meses tras aceptar su expediente).
  • Reunión con los acreedores: a la que acuden el deudor, los acreedores y el mediador concursal. En ella pueden ocurrir dos cosas:
  • Hay acuerdo: el Notario lo eleva a escritura pública y el deudor debe cumplir el plan de pagos, cerrándose el expediente y publicándolo en el Registro Público Concursal.
  • No hay acuerdo: se cierra el expediente y se inicia la vía judicial presentando una demanda donde se pide el concurso de acreedores y donde el juez tomará las decisiones pertinentes.

¿Qué deudas se pueden perdonar?

No todas las deudas se pueden perdonar. Determinadas deudas hay que pagarlas, como son los gastos que ocasionen el procedimiento, obligaciones de manutención (pensiones alimenticias y otras necesidades básicas) y deudas contraídas con Hacienda y con la Seguridad Social.

En el caso de las hipotecas, quedan fuera de la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad las deudas garantizadas con prenda e hipoteca

La exoneración de particulares puede ser, o definitiva (Art. 491 TRLC), o parcial/provisional (Art. 493 TRLC). La primera exige pagar una clase de créditos (masa y privilegiados), mientras que la segunda, exige realizar un plan de pagos y cumplir el mismo, o parte del mismo, en función de los ingresos que se tengan durante el cumplimento.

¿Dónde se solicita la Ley de Segunda Oportunidad?

Para solicitar la Ley de Segunda Oportunidad hay que acudir a una Notaría para presentar un formulario de solicitud de acuerdo extrajudicial, de forma que el proceso pueda evolucionar y luego, si fuera necesario, terminar en el Juzgado presentado un concurso de acreedores.

¿Por qué hay que acudir a una Notaría antes de presentar la demanda en el Juzgado?

Para poder beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad, es necesario que el deudor haya conseguido o intentado el acuerdo por la vía extrajudicial ante el Notario. Este proceso se realiza con el objetivo de demostrar por el cliente en la siguiente fase judicial que va con buena fe ante los distintos acreedores, pues previamente a acudir a los Tribunales ha intentado la reestructuración de la deuda mediante el ofrecimiento de un Plan de Pagos.

Si este fuera exitoso, se continuaría por esa vía liquidando los bienes que consten para pagar la deuda o pactando el plan de pagos con los acreedores.

Si estos intentos fueran fallidos y tras dos meses no hubiera acuerdo alguno, habría que solicitar ante el juez el concurso de acreedores voluntario, donde el juez decidirá si se le exonera sus deudas siempre que cumpla dos requisitos: demostrar buena fe como antes se dijo y que no tenga dinero ni activos para pagarlas.

¿Qué gastos conlleva la Ley de Segunda Oportunidad?

Es bastante recomendable dejar el tema en manos de un despacho de abogados, de forma que el proceso se lleve a cabo de la forma más eficaz posible.

Además, hay que tener en cuenta que hay que sufragar los honorarios del mediador concursal y del Notario. Incluso, en caso de contar con bienes muebles e inmuebles, habría que sumarle los gastos de las tasas e inscripciones en los correspondientes registros.

Requisitos para solicitar la Ley de Segunda Oportunidad

Para poder solicitar finalmente la aplicación a la Ley de Segunda Oportunidad en la fase judicial, el juez exigirá dos requisitos antes de decidir si se le exonera de sus deudas.

Estos requisitos son:

  • Demostrar que no puede afrontar las deudas por carecer de dinero y activos para ello, así como haber pagado lo máximo posible a los deudores y liquidado el patrimonio en el concurso.
  • Que haya habido buena fe. Para ello se consideran aspectos como:
  • Que previamente se haya intentado negociar un acuerdo extrajudicial con los acreedores.
  • Que en el concurso de acreedores no se le haya considerado culpable, esto es, que su insolvencia no se haya provocado intencionadamente.
  • Que no se haya beneficiado de esta ley en los diez años anteriores.
  • Que no haya rechazado una oferta de trabajo "acorde a su capacidad" en los cuatro años previos a la solicitud del concurso.
  • Que no se le haya condenado por delitos económicos, del patrimonio, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.
Aceptar inscribir el beneficio en un Registro Público Concursal durante cinco años.